Entramos en una época de campaña de recogida de ajos en las provincias de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete, donde el volumen de trabajadores y trabajadoras extraordinario que los agricultores necesitan condiciona su día a día. En estas épocas se necesitan en las zonas productoras del orden de diez mil trabajadores extra en un breve periodo de tiempo de apenas un mes y poco. A ello se le une, tal y como explica Miguel Esponera, secretario general de UPA Cuenca y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional, las condiciones particulares del ajo, un producto perecedero, que necesita recogerse de manera rápida. El ajo se deja a la intemperie una vez arrancado para orearlo, de manera que se necesita un volumen de trabajadores muy alto para recogerlo lo antes posible y no sufrir pérdidas porque el ajo podría perder valor caso de tormentas o pérdida de camisas.

De ahí que los agricultores necesiten cuadrillas con urgencia para poder mantener sus explotaciones de manera viable. Pero son mayoría quienes se encuentran con problemas añadidos que no tienen que ver con la agricultura propiamente. En concreto tienen que recurrir a la contratación a través de empresas de servicios o ETT; pero la normativa exige, tal y como han explicado a UPA desde la subdelegación de Gobierno de Albacete en una jornada de trabajo reciente, que no se puede recurrir a las empresas de servicios y que las contrataciones a través de ETT solo pueden ser de un porcentaje de los trabajadores, no del total; con lo que ello supone.

Pero lo que más preocupa a los agricultores, tal y como denuncia la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, son las usurpaciones de identidad y las sanciones posteriores de la Inspección de Trabajo. En estos últimos años se ha dado la circunstancia de que algunas personas a quienes se contrata utilizan documentación falsa, prestada o que no es suya, y que el agricultor no puede contrastar a la hora de hacer la contratación. Esta situación es sancionable, de ahí que UPA siempre recomiende el máximo de precaución para evitar las sanciones posteriores. Pero, asimismo, UPA solicita a la Delegación de Gobierno que no se culpabilice directamente a los agricultores, a quienes la Inspección de Trabajo sanciona de manera directa y que, en raras ocasiones, pueden demostrar su inocencia.

Cuando los agricultores han denunciado estas situaciones, se han encontrado una cantidad de problemas tremendos, y han incurrido en nuevos gastos que condicionan la viabilidad de sus explotaciones, de ahí que se haya generado una situación de enfado y frustración generalizada en el sector, tal y como han podido comprobar desde UPA. La organización agraria ha solicitado a la Delegación de Gobierno y a la Inspección de Trabajo que se tomen medidas que no culpabilicen al agricultor y faciliten esta contratación dentro de los márgenes de la ley porque son cerca de diez mil trabajadores en el corto tiempo de un mes y poco y el volumen económico que mueven en algunas comarcas de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y algo menos en Toledo, es muy elevado como para no ofrecer soluciones que no pasen por la sanción directa.