El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha participado en la mesa redonda Retos y mejoras de la ley de mejora de la cadena alimentaria dentro de la Jornada La Industria de Alimentación, Bebidas y Tabacos organizada por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Castilla-La Mancha y en la que han participado Esther Valverde Cabrero, subdirectora general de Estructura de la Cadena Alimentaria del MAPAMA, Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, Ignacio Larracoechea, presidente de PROMARCA, Andoni García Arriola, de COAG, Paloma Sánchez, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB y Sebastián Serena Expósito, de UGT-FICA.
Según ha expuesto el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha, “la ley de cadena agroalimentaria ha sido uno de nuestros caballos de batalla sindicales”. Pero “la ley no ha cumplido las expectativas en cuanto que no ha mejorado la capacidad de negociación de los productores ni ha servido para conseguir unos precios justos para los productos de nuestra región”.
Así, a fecha de hoy, y aún reconociendo sus avances, “muchas de nuestras producciones se entregan aún a resultas, sin contratos ni precios previos”, ha dicho Morcillo quien ha recordado que desde la organización agraria se exigen cambios y modificaciones en determinados aspectos como son la venta con pérdidas, “una de las prácticas que desequilibra a la cadena y más preocupa a nuestros productores, que debería de incorporarse a la ley de la cadena”.
Por otra parte, desde UPA se propone que se debería de reforzar el régimen sancionador haciendo públicas las sanciones, algo que a día de hoy no sucede. Otra de las peticiones de la organización agraria es que en la ley se especifique que en los contratos se puedan referenciar los precios a determinados índices, entre ellos los costes de producción.
Por otra parte, el secretario general de UPA CLM, ha indicado que la figura del mediador debe de afectar a todas las condiciones contractuales, no quedarse exclusivamente en el contenido del código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, que es voluntario. Y, finalmente, se demanda excluir la posibilidad de que existan las denominadas “subastas con baja temeraria”, entre otras de las cuestiones fundamentales.
