La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, de Castilla-La Mancha, ha trasladado a la sectorial de Vino de UPA celebrada esta mañana vía telemática, las propuestas que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y podrían suponer un antes y un después en la situación de los viticultores castellano-manchegos.

Toledo, 8 de mayo de 2020. El responsable de Vino de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, Alejandro García-Gasco Alcalde, ha participado en la sectorial de vino estatal celebrada vía telemática. En esta reunión se ha abordado el momento de crisis actual que atraviesa todo el sector y la coyuntura concreta de los viticultores.

En esta sectorial de Vino a nivel estatal, el responsable de Vino ha explicado el posicionamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras la reunión mantenida ayer entre el sector y la Administración; unas medidas que deberían marcar un antes y un después para el sector para mejorar tanto a nivel estructural como coyuntural.

Las propuestas que la Consejería de Agricultura ha trasladado al Ministerio esta misma mañana en la reunión con las comunidades autónomas, se destacan varios aspectos como el límite por rendimientos, que pasaría de 18.000 kilos por hectárea para variedades tintas y 20.000 kilos por hectárea para variedades blancas. “Una norma que viene a ampliar lo que se debatió en la interprofesional en fechas recientes”, explican desde UPA, “una propuesta más ambiciosa”.

Asimismo, desde UPA se ha solicitado que se recoja el grado mínimo que debe tener la uva para ir a vino sea de 9 grados. A nivel de la obligación de entrega de subproductos, la propuesta pasa del 10 % al 12 %, “aunque desde UPA incluso hemos pedido que podría alcanzarse el 15 % de esa entrega”.

Son medidas que favorecen y garantizan la calidad del vino así como evitar que otros vinos de dudosa calidad presionen el mercado a la baja, con el perjuicio que ello supone para el resto de viticultores en Castilla-La Mancha. “Se trata de hacer una apuesta por los viticultores que hacen las cosas bien”, ha remarcado García-Gasco.

En la situación coyuntural referente a la crisis de la COVID-19, para paliar los efectos que pudiera tener, se apoya la decisión de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la destilación de crisis de 2 millones de hectólitros, que marcará un precio acorde al vino y que acabará con la especulación y la renegociación de contratos “algo que está sucediendo a día de hoy”, denuncian desde UPA.

La otra propuesta se refiere al sistema de almacenamiento detallado en 3 millones de hectólitros, lo que supondrá la retirada entre las dos medidas, de 5 millones de hectólitros en el mercado, dando solución al problema que podría suponer al sector en el enlace con la próxima campaña. Una situación, la actual, que requiere medidas urgentes, ya que estamos a cien días del comienzo de la próxima vendimia.

Desde UPA se pide un Real Decreto ambicioso que se centre en las necesidades del sector, “por supuesto con un presupuesto acorde, realista y con efecto directo en el sector”. La organización agraria es consciente del momento que la sociedad ha atravesado, así como los sectores agrícola y ganadero de la región, de ahí que reconozcan que este tipo de medidas podrían suponer un antes y un después, proporcionando la tranquilidad que los viticultores profesionales, los que se dedican y viven realmente de la viticultura, necesitan.