Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, de Castilla-La Mancha se ha exigido al gobierno regional el recurso inmediato ante la decisión tomada por el Consejo de Ministros de España en fechas recientes. En este acuerdo se tomaba en razón la actuación de emergencia para el acondicionamiento, puesta en marcha y explotación de un conjunto de baterías estratégicas de sondeos tanto en Hellín como en El Molar por un importe máximo de 3.100.000 euros.

Se trata de una decisión que atenta directamente contra los intereses del sector agroalimentario de la región a entender de la UPA. Más agravante aún si, tal y como ha sucedido, no se toman en cuenta las opiniones de los interesados ni a la administración regional. A la vista de esto, la UPA en Castilla-La Mancha ha mostrado su total indignación por la forma de proceder del Gobierno de España.

A falta de disponer de la información completa de todo el expediente de la decisión tomada el pasado viernes; información que la organización agraria ha reclamado tanto al Ministerio como a la Confederación, UPA Castilla-La Mancha entiende que supone un nuevo trasvase de recursos hídricos del Sureste de Albacete, en concreto en el término municipal de Hellín que afectaría a los acuíferos Mingogil-Villarones y El Molar.

En lo que hace referencia al acuífero El Molar, cuya superficie pertenece en un 70 % al término de Hellín, sería el tercer año de trasvase. En concreto se trasvasaron 15 hectómetros cúbicos en el año hidrológico 2015/2016 y 15 en el año hidrológico 2016/2017 con destino a las comunidades de regantes de Mazarrón, Águilas, Puerto Lumbreras y Pulpí, aprovechándose de un decreto de sequía. En pocas palabras, un acuífero declarado sobreexplotado (en mal estado cuantitativo), con una capacidad de recarga anual de 11,03 hm3/anuales se han extraído 29,05 hm3/año (14,05 hm3/año de consumos habituales más 15 hm3/año del decreto sequía), casi tres veces su volumen de recarga.

Una vez más la organización agraria tiene que denunciar las actuaciones en materia hídrica del Gobierno Central; pues volverán a extraer los recursos adicionales poniendo en riesgo la recuperación del acuífero prevista por el plan de cuenca para 2027, poniendo en riesgo los acuíferos limítrofes y la actividad económica de la comarca. Desde UPA recuerdan que ya se ejecutó esta obra sin pasar el trámite de informe de evaluación de impacto ambiental; una denuncia que se efectuó en su día por la organización agraria y parece repetirse de nuevo sin que se tomen en consideración los intereses ni el punto de vista de la sociedad castellano-manchega.

En la organización agraria sospechan que tampoco desde el Gobierno de España se ha cumplido con los requisitos de la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental para excluir actuaciones de este trámite. En concreto, examinar la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley; que el acuerdo de exclusión y los motivos se publiquen en el BOE o diario oficial correspondiente; así como la puesta a disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido. Para concluir que se comunicará la información a la Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.

Es decir, una serie de acontecimientos que hacen dudar de la legalidad del proyecto aunque de lo que no duda la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha es de que afectará de manera drástica a los intereses de los regantes castellano-manchegos a quienes se les ha denegado el recurso sistemáticamente.

Por ello han solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que igual que se recurren los trasvases de la cabecera del Tajo, se plantee un recurso sobre esta actuación: un trasvase encubierto para riego en Murcia.