Una delegación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos acudió ayer al Ministerio de Agricultura a pedir cambios en una política fiscal que “está afectando gravemente” al mundo rural. “Una realidad oculta”, han asegurado desde UPA, pero que marca la economía de miles de familias que viven y trabajan en pueblos de toda España.
UPA reclamó ante el subsecretario de Agricultura, Jaime Haddad, que se revise el procedimiento de regularización y actualización catastral. La organización ha detectado que las comunicaciones de las Gerencias Territoriales de Catastro “no son claras” y llevan a la confusión a los agricultores y ganaderos. Además, el proceso de regularización presenta muchos problemas y errores “que deberían ser resueltos de forma previa y no a petición del afectado”.
UPA pidió también que se revisen los criterios y mecanismos de regularización ya que se han producido subidas “desproporcionadas” del IBI, al no tener en cuenta las particularidades de las fincas y las instalaciones agrícolas y ganaderas. Por otro lado se ha trasladado el fuerte incremento del valor de los bienes revisados y el consiguiente incremento de la tributación de los agricultores y ganaderos. La organización ha pedido en este punto apoyo al Ministerio para que refuerce la petición de la organización a los ayuntamientos de reducir al mínimo el coeficiente aplicable para establecer el impuesto de bienes inmuebles.
“Este problema tiene además otra preocupante vertiente”, según el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, que participó en la reunión con los responsables del Mapama, “y es que nuestros hijos están perdiendo sus becas porque a un simple agricultor se le considera un potentado”. UPA ha explicado que la modificación del Real Decreto 293/2016 mejora en parte la situación al igualar la consideración de las construcciones rústicas a las urbanas, sin embargo no ataja el problema señalado respecto a las fincas rústicas.
Con los criterios actuales, para una familia de cuatro miembros, 40 hectáreas de secano o 16 de regadío excluyen a los hijos de agricultores de recibir cualquier beca, lo que a juicio de UPA es “injusto” y “absurdo”, ya que con ese terreno “ni se puede vivir de la agricultura”. En este punto UPA también ha solicitado que para el sector agrario se cambie el criterio de rendimiento de la actividad económica de tal forma que en lugar de considerar los rendimientos brutos se consideren los rendimientos netos, “ya que cada vez es menor la rentabilidad de las explotaciones”.
En cuanto a la incorporación de jóvenes, UPA explicó al equipo de Isabel García Tejerina el problema que sufren los agricultores por la consideración de ‘subvención corriente’, en lugar de ‘ayuda a capital’. Esto fuerza a los perceptores a declarar –y cotizar- por el total de la ayuda en el momento de la concesión, en lugar de cuando se hace efectivo el ingreso, lo que hace que el joven agricultor tenga una “sobre contribución” al IRPF que la organización ha valorado entre 4.500 y 6.000 euros.
Seguros agrarios “en serio peligro”
UPA transmitió también al subsecretario del Ministerio de Agricultura que el sistema de seguros agrarios está “en serio peligro” por el encarecimiento de las pólizas. La organización ha pedido al Mapama que en la negociación de los nuevos presupuestos se establezca el objetivo de incrementar el presupuesto de ENESA de los 211 millones actuales hasta “al menos” 280 millones, cantidad que aún se encontraría por debajo del presupuesto que tenía la entidad antes de la crisis.