El secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, acompañado del secretario general de UPA Ciudad Real, Pascual Ortiz, la responsable de Desarrollo Rural, María Sánchez Seoane y Aurelio Cuenca, de los servicios técnicos de UPA en la región, ha explicado la regularización de los expedientes de pozos de agricultores profesionales en el Alto Guadiana, un situación que “sigue sin solución. Aunque lo que sí les están llegando son sanciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y penalizaciones por controles de condicionalidad en las ayudas de la PAC”.
Morcillo ha explicado que desde UPA CLM “queremos trasladar a la opinión pública en general, al gobierno regional y principalmente al Gobierno de la Nación, que es quien tiene las competencias en materia de agua, el sentimiento de indignación que están padeciendo las 2.000 familias de agricultores profesionales que están pendientes de un expediente de solicitud de regularización de sus pozos”.
El secretario general de UPA Castilla-La Mancha se refiere a los pozos acogidos a la resolución que se publicó en el DOCM el 29 de agosto de 2008 y la organización agraria entiende que no se esté planteando una solución para estas familias, “se les ha llevado a un limbo legal. No se les da una salida, y lo único que en estos momentos les está llegando son sanciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y penalizaciones de controles de condicionalidad por parte de la Consejería de Agricultura”.
“Lo primero que les toca es pagar, con lo que ello supone para sus explotaciones, para su día a día y para sus familias”, ha insistido Morcillo, en lo que ha calificado de una situación de desconcierto total. “No podemos comprender cómo a día de hoy seguimos sin una solución para los verdaderos agricultores del Alto Guadiana, agricultores profesionales de esta región”.
Aunque, si la situación es denunciable, lo es más que ahora están recibiendo notificaciones por parte de la Consejería de Agricultura por incumplimiento en los controles de condicionalidad con una penalización de hasta el 5 % en las ayudas que perciben de la PAC. “Hay un sentimiento de desesperación por parte de estos agricultores profesionales del Alto Guadiana que confiaron en sus administraciones, hicieron una solicitud de regularización y ahora después de 9 años, se encuentran ya resignados, atemorizados, con miedo por lo que pueda pasar con sus explotaciones y con miedo por el futuro de sus familias”, ha remarcado el secretario general de UPA Castilla-La Mancha.
Por otro lado, mientras esto sucede en nuestra región, “vemos cómo se resuelven los problemas de otros agricultores, de otras regiones incluso con nuestra agua. A situaciones escandalosas de otras regiones se les buscan soluciones legales, sin ningún pudor como Murcia donde el plan de cuenca del Segura dice en su articulado que el objetivo del plan es legalizar los usos consolidados. Y no solo se les busca una solución legal, sino que además se les da agua, sin limitaciones”.
De hecho, el responsable de la organización agraria ha destacado que “no hace mucho la Ministra de Agricultura explicó en Murcia el gran esfuerzo del Gobierno de España con la región durante los tres últimos años. Puso a disposición de sus regantes 250 hectómetros cúbicos de recursos adicionales de agua e inversiones por importe de más de 300 millones de euros. Mientras que en Castilla-La Mancha 0 euros en recursos hídricos y 0 en inversiones para nuestros regantes”.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana está denegando las solicitudes de aprovechamiento incluso para uso doméstico, para el abastecimiento en las naves agrícolas o incluso para el ganado. A ello le une UPA Castilla-La Mancha que recientemente se publicó el Real Decreto 10/2017 de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía. “Eso sí, en las cuencas del Duero, Júcar y Segura. Nada se habla del Guadiana, ninguna compensación, ninguna ayuda, ninguna medida. Una injusticia total con nuestra tierra”, recordaba Morcillo.
Mientras tanto, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 17 de mayo de 2017 acordó unas restricciones para las necesidades de los regadíos de la zona regable de Peñarroya del 46 %, zona regable del Gasset del 45 %, zona regable del Vicario 16 % y zona regable de la Torre de Abraham del 4 %, respecto a la media de consumo de los 7 años anteriores.
En definitiva, UPA Castilla-La Mancha considera que en vez de ofrecer soluciones a los agricultores profesionales y regantes de nuestra región, se imponen sanciones, con lo que la indignación de las dos mil familias sigue en aumento.