Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha, se ha hecho un llamamiento a todos los olivareros y olivareras de la región para que se sumen a la concentración que el próximo jueves 30 de junio, a las 11 de la mañana, tendrá lugar en las puertas del Ministerio de Agricultura, donde va a estar reunida la conferencia sectorial de agricultura y lo que pedimos al Gobierno es que incluya el olivar de bajo rendimiento, el olivar tradicional en las ayudas asociadas a la producción.
Tal y como ha explicado Julián Morcillo, secretario general de UPA CLM «hacemos un llamamiento a la participación a todos los olivareros y olivareras para defender al sector en este momento decisivo. Es una movilización a nivel nacional, de nuestra organización. Pediremos pedimos que se corrija la injusticia cometida con los olivareros y olivareras que fueron discriminados en enero de 2014, cuando este sector no se incluyó en las ayudas asociadas a la producción de la nueva PAC, a pesar de cumplir todos los criterios que se marcaban para establecer este tipo de ayudas».
Morcillo ha recordado el evidente riesgo de abandono y las importantes repercusiones socioeconómicas y medioambientales que esto conllevaría. Así, desde la organización agraria se demanda que la Conferencia Sectorial que se va a celebrar el día 30 cumpla con el compromiso de revisar las ayudas asociadas para establecer apoyos vinculados a la producción en el olivar tradicional.
«Queremos recordar una vez más el compromiso de la Conferencia Sectorial de enero de 2014, donde el Ministerio de Agricultura y los consejeros y consejeras de todas las regiones de España llegaron a un acuerdo que decía textualmente La Conferencia Sectorial podrá revisar, a más tardar el 1 de julio de 2016, su decisión con respecto a los sectores a acoplar y a los importes asignados a los mismos. Para ello, se realizará un seguimiento de los sectores acoplados por decisión de la Conferencia Sectorial de 20 y 21 de enero de 2014, así como de los sectores propuestos por las CCAA, como el olivar en pendiente y de baja producción, trigo duro, uva pasa y satsuma de transformación.”
Según la UPA de Castilla-La Mancha se trata de la última oportunidad, pues va a ser la última conferencia sectorial antes de esa fecha en la que se puede tomar la decisión. De ahí la manifestación que se ha convocado frente a las puertas del Ministerio.
El olivar en la región dispone de más de 377.715 hectáreas, «es un cultivo estratégico por sus beneficios económicos, sociales y medioambientales y genera miles de puestos de trabajo tanto en la producción como en la transformación, ayuda a mantener vivos los pueblos en los que se ubica y contribuye a la gestión sostenible del territorio que redunda en beneficios medioambientales y turísticos para las poblaciones en las que se desarrolla», ha recordado Julián Morcillo.
Los agricultores dedicados a este cultivo con bajos rendimientos, el olivar tradicional, no pueden competir con el olivar de regadío y superintensivo, o con las producciones de países terceros que cuentan con mano de obra más barata; por lo que demandan un apoyo adicional que haga rentable la producción.
«Entendemos que hay margen para dar esta ayuda”, ha dicho Morcillo ya que España sólo ha destinado el 12,08% del presupuesto a las ayudas acopladas, cuando Bruselas admite hasta el 15%. «Nuestra organización estuvo siempre a favor de llegar al 15 %. Se puede atender este cultivo sin necesidad de tocar el resto de ayudas acopladas».
UPA CLM apuesta, porque en la reforma intermedia de la PAC, que se plantea para el próximo año nuestro país establezca un techo de ayudas por explotación, para los pagos directos y que este dinero, que podría significar unos 75 millones de euros, se pudiera aplicar a las ayudas asociadas. Recordar que España a los perceptores de pago básico por importe superior a los 150.000 euros aplica un recorte de un 5 %, mientras que otros países han establecido el techo de ayudas en esta cantidad.
Hay que recordar que el techo de 150.000 euros de pago básico significa que se aplicaría a los perceptores que sus ayudas directas totales estén por encima de los 250.000 euros, ya que a los 150.000 de ayuda básica habría que sumar el pago verde, las ayudas asociadas que reciban algunos perceptores y el importe de los gastos salariales de sus empleados.